por Pascual Aguelo Navarro, Responsable Jurídico de la Web de Extranjeria ReICAZ
Durante dos intensas jornadas, del 26 al 28 de septiembre, cerca de 1.500 abogados debatieron en Zaragoza los problemas más candentes que afectan al ejercicio profesional de la Abogacía y principalmente aquellos que tienen una mayor repercusión en la defensa de los derechos humanos de todas las personas.
Entre las cuestiones a debate aparece en destacado lugar la problemática de las personas migrantes a la que el IX Congreso dedicó un apartado de singular reflexión dentro de la Ponencia I: Libertad y Seguridad, aspectos básicos del Estado de Derecho.
Dentro de sus conclusiones sobresalen aquellas que
- Recomiendan humanizar la política de extranjería, abandonando perspectivas de cosificación de los seres humanos, y colocando los derechos humanos en su cúspide, especialmente los derechos de asistencia letrada y defensa, emprendiendo las reformas legales que sean oportunas.
- En ese sentido, solicitan del Estado español y Unión Europea que ratifiquen la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Migrantes y sus familiares y el Protocolo 4º de la CEDH.
- Exigen la derogación de los artículos de la Ley de Extranjería que vulneran derechos fundamentales y contravienen Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y la extensión del derecho de sufragio a los residentes comunitarios y permanentes. Asimismo, recuerdan que es conveniente asegurar que no quede para otro momento la necesaria reforma ya emprendida del artículo 89 del Código Penal.
- La regulación no discriminatoria del derecho administrativo de extranjería que asegure plenamente las garantías y principios jurídicos reconocidos constitucionalmente a todo administrado, español o extranjero. En particular, la necesidad de facilitar, y en su caso garantizar, que todos los procedimientos y a lo largo de todo el procedimiento en que se administren los derechos de los extranjeros, haya un abogado defendiendo sus intereses y un adecuado reconocimiento de sus derechos, en proporción y relación a sus obligaciones.
La ponencia recuerda la decidida y clara vocación de la Abogacía española en la defensa de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o estatuto administrativo, consciente que, en esta materia, estamos defendiendo un verdadero “ius humanitatis”.
Y expresa, la voluntad de la Abogacía española de participar en todos los mecanismos de diálogo social que conduzcan a una mejora y adecuación de la norma, en beneficio y cuidado siempre de los derechos de los más débiles.
A su reconocimiento y defensa seguiremos dedicados con intensidad nuestro trabajo profesional e intelectual.
