por Pascual Aguelo Navarro,
Responsable Jurídico de la Web de Extranjeria ReICAZ
Según la OIM (Organización Internacional para la Migraciones), regularización es el proceso por el cual un país permite a un extranjero en situación irregular, es decir que no dispone de las autorizaciones necesarias para ingresar, residir o trabajar, obtener un status legal. Prácticas usuales incluyen la amnistía, individual o colectiva, (también conocida como “legalización”) a extranjeros que han residido en el país en situación irregular por un determinado período de tiempo y que no hayan sido considerados inadmisibles.
Se calcula que de los 190 millones de personas migrantes que actualmente existen en el mundo, unos 40 permanecen en situación irregular. En los EEUU se estima que son más de 11 millones. En España la cifra puede aproximarse al medio millón de personas.
Las medidas y decisiones gubernamentales en materia migratoria, dada su magnitud, deben abordar este problema puesto que la irregularidad es uno de los principales obstáculos para cualquier política integradora.
España siguiendo el modelo de otros países como EEUU, Italia, Holanda y la propia Francia ha optado por una fórmula individual de regularización por situación acreditada de arraigo laboral y sociofamiliar. Transcurrido un determinado plazo de permanencia, normalmente de 3 años, junto con la posibilidad real de trabajar o la existencia de determinados vínculos familiares, el inmigrante puede alcanzar el estatuto legal de residente. Sólo con carácter excepcional se acometieron regularizaciones masivas extraordinarias que trataron de colocar el contador a cero.
Entre las estrategias para abordar el problema de la migración irregular de manera comprensiva podemos señalar, de acuerdo con la OIM: la de dotarse de un código legal que responda adecuadamente a la actividad de traficantes de personas y a sus víctimas; mejorar las capacidades de investigación e incremento de la cooperación regional y la gestión de fronteras y de áreas próximas a las mismas; la mejora de la documentación personal para migrantes, incluyendo documentos de viaje y documentos para uso interno; limitar las posibilidades para el empleo ilegal; asegurar normas coherentes que faciliten la toma de decisiones en el sistema de asilo y la apertura reforzada de canales de migración legales, ordenados y controlados.
Ello puede contribuir a su reducción y asegurar los derechos humanos básicos de todas las personas.
1 comentario:
Me alegra leer de un conocedor de la legislación estas reflexiones en defensa de los derechos fubdamentales. Es increíble que existan en el planeta más de 40 millones de personas en situación administrativa irregular , o lo que otros etiquetan como "sin papeles" una expresión que repudio. Estoy totalmente de acuerdo con que es prioritario para abordar cualquier política integradora que los gobiernos se pongan manos a la obra para que las personas que migran no se queden en un limbo jurídico que perjudica al propio migrante, porque carece de muchos derechos, y a los propios estados, que con todos los inmigrantes regularizados, tendrían más ingresos vía impuestos como cualquier nacional. Esta parte mercantilista es la que parece que sólo interesa a los gobienros , pero si de momento sirve para abrir la puerta a dignificar las migraciones y sobre todo a normalizarlas bienvenida sea. NICOLÁS
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